La crisis y el paro han incrementado las actividades irregulares
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha afirmado este miércoles que la economía sumergida en España representa entre el 16% y el 20% del PIB, y ha reconocido que las actividades irregulares aumentan en tiempos de crisis.
Por este motivo, durante la presentación de los resultados de 2009 de la lucha contra el fraude en materia laboral, Corbacho ha revelado que la Inspección de Trabajo se incrementó en un 30% las actuaciones contra la economía irregular en 2009.
Según ha explicado el ministro, la crisis y la amenaza del paro han acentuado "sin duda" el incremento de la economía irregular, ya que al trabajador "por su necesidad no le importan tanto las condiciones en las que le ofrece el trabajo", aunque ha advertido de que "la Administración estará muy presente delante de cualquier irregularidad". No obstante, ha querido añadir que el objetivo del Gobierno "no es perseguir al inmigrante ilegal sino al que se aprovecha de esta situación".
En concreto, las actuaciones de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida suponen un 40% de toda la actuación de inspección, que se completa con operaciones en el ámbito de prevención de riesgos (20%), o en expedientes de regulación de empleo (15%), en los que las denuncias han aumentado "bastante", ha admitido.
Poco dado a hablar sobre datos concretos en este tema aunque la UE obligará a calcularlo en 2011, la cifra que baraja el Gobierno, sin embargo, está por debajo de los cálculos de otros organismos autónomos o estudios, que sitúan el porcentaje de la economía en negro por encima del 20%, lo que equivale a más de 200.000 millones de euros. En Europa, la media del trabajo no declarado estaría en torno al 15%.
De hecho, el descenso en España a niveles de la media europea permitiría crear 2,5 millones de empleos, según un informe de la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana.
Dentro de las inspecciones de su departamento, las realizadas en materia de Seguridad Social permitieron recaudar 960,7 millones de euros como consecuencia de las 29.357 infracciones por falta de altas en la Seguridad Social detectadas, lo que supuso un 12,48% más que el año anterior. Además, 48.742 personas pasaron a cotizar en el sistema como consecuencia de estas actuaciones. Así, localizó a 7.122 trabajadores que no tenían permiso de trabajo y a otros 8.148 que estaban cobrando prestación por desempleo. En este apartado, también se detectaron 682 irregularidades vinculadas a otras prestaciones.
Por sectores, destaca la especial vigilancia sobre la hostelería (con 49.903 actuaciones), el comercio (44.937), construcción (43.635), servicios (38.045), agricultura (9.248), transporte (5.891) y el del hogar (3.107).
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